La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ha elevado la voz de alarma ante el deterioro progresivo de las condiciones en los centros de reclusión del país. La institución señala que el incremento sostenido de la prisión preventiva ha convertido a las cárceles dominicanas en espacios de hacinamiento extremo, una realidad que compromete gravemente la capacidad del Estado para garantizar derechos básicos a la población privada de libertad.

El dato más contundente de esta crisis es que el nivel de hacinamiento ha superado el 142%, una cifra que evidencia un desajuste estructural en la administración de justicia. Este fenómeno no solo afecta la salud física y mental de los internos, sino que también satura los recursos logísticos y humanos del sistema penitenciario, dificultando cualquier intento de rehabilitación o gestión efectiva de la seguridad interna.

La dependencia de la prisión preventiva como medida cautelar generalizada ha convertido a las cárceles en depósitos de personas que no han sido condenadas, lo que agrava la presión sobre una infraestructura que ya opera por encima de su capacidad máxima. Esta situación exige una revisión urgente de las políticas procesales y una inversión decidida en alternativas de justicia restaurativa para aliviar la carga del sistema judicial.