El problema sistémico que afecta a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) ha escalado hasta convertirse en la principal hemorragia de las finanzas públicas dominicanas. Lejos de ser un error administrativo puntual, se trata de una herencia histórica que trasciende administraciones y generaciones, caracterizada por una ‘ingestión’ de recursos que las empresas no logran cubrir con sus ingresos operativos.

La magnitud del déficit ha llegado a niveles que los analistas califican de prosaicos, dado que el subsidio anual otorgado por el Estado para mantener a flote estas entidades pesa más en el presupuesto que cualquier otro gasto público. Esta realidad obliga a la nación a destinar recursos críticos hacia la cobertura de pasivos eléctricos, limitando la capacidad de inversión en salud, educación o infraestructura vial.

La persistencia de este fenómeno evidencia la falta de una reforma estructural efectiva en el sector eléctrico. Mientras no se resuelva la eficiencia operativa y la recuperación de la deuda, el Estado continuará actuando como el principal financiador de la ineficiencia del sistema, un costo que, finalmente, repercute en la estabilidad macroeconómica del país y en el bienestar de los ciudadanos.