La República Dominicana ha restablecido las notificaciones judiciales y demás actos procesales dirigidos a personas físicas o jurídicas domiciliadas en Venezuela, una medida administrativa que la Cancillería confirmó este miércoles. Esta decisión pone fin a la suspensión que regía desde marzo de 2025, periodo durante el cual se interrumpió el flujo formal de comunicaciones legales entre ambos sistemas judiciales.

La reactivación de este canal es fundamental para garantizar la continuidad de los procesos legales y proteger los derechos de los ciudadanos dominicanos y extranjeros que mantienen intereses o litigios en territorio venezolano. Al normalizar este mecanismo, el Estado reafirma su compromiso con el cumplimiento de los convenios internacionales de cooperación judicial y asegura la operatividad de la justicia en el ámbito transfronterizo.

Este movimiento administrativo no solo impacta en la esfera legal, sino que también envía una señal de estabilidad en las relaciones bilaterales. La eficiencia en la entrega de documentos judiciales es un pilar para la inversión y la confianza de los actores económicos que operan en la región, eliminando las incertidumbres procedimentales que generaba la paralización de los trámites notariales.