El sistema eléctrico dominicano enfrenta una crisis de liquidez estructural que se materializa en las cifras de los primeros siete meses del año. Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) adquirieron energía a los generadores por un valor total de 1,925.5 millones de dólares, sin embargo, la recaudación efectiva ante los clientes se limitó a 1,229.9 millones de dólares. Esta discrepancia implica que apenas el 63.8% de la energía comprada fue correctamente facturada, dejando un hueco financiero de aproximadamente 695.6 millones de dólares que las distribuidoras no han podido cubrir con sus ingresos operativos.

La magnitud de esta pérdida, descrita en el sector como ‘irrecuperable’ en el corto plazo, pone en jaque la sostenibilidad financiera de las EDE y la capacidad de pago a los generadores. La brecha entre la compra y la facturación no solo refleja ineficiencias en la gestión de cobros, sino también el peso del robo de energía y la morosidad crónica de los usuarios. Esta situación erosiona la confianza del mercado y limita la inversión necesaria para modernizar la red, perpetuando un ciclo de deudas que impacta directamente en la estabilidad del servicio y en la economía nacional.

La repercusión de estos números trasciende lo contable para convertirse en un problema de política pública. La incapacidad de las distribuidoras para convertir la energía comprada en ingresos efectivos obliga a recurrir a mecanismos de financiamiento externo o a la acumulación de deuda interna, lo que incrementa el riesgo sistémico del sector. Mientras no se implementen medidas drásticas para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas, el déficit seguirá ampliándose, comprometiendo la viabilidad operativa de las EDE y la continuidad del suministro eléctrico en el país.