El proyecto de El Salvador para posicionarse como el primer país del mundo con el bitcoin como moneda de curso legal, lanzado en 2021, ha sufrido un desmantelamiento significativo. Lo que comenzó como una apuesta política y económica radical de la administración de Nayib Bukele se ha convertido en un caso de estudio sobre la resistencia estructural de los sistemas financieros tradicionales frente a las innovaciones digitales impuestas por decreto.

La reversión de esta política no obedece a un cambio ideológico, sino a la confluencia de dos factores determinantes: la apatía generalizada de la población salvadoreña, que ha preferido mantener el dólar estadounidense como medio de intercambio principal, y la presión ejercida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición para la continuidad de los acuerdos financieros. Este escenario evidencia la dificultad de imponer activos digitales volátiles en economías donde la confianza en la estabilidad monetaria sigue anclada en divisas históricamente estables.