En el paisaje inmobiliario de Santiago de los Caballeros, el concepto de vivienda inclusiva ha sido cooptado por el segmento de alto standing. La imagen predominante de una casa preparada para distintas etapas de la vida suele estar asociada a villas de lujo equipadas con ascensores de última generación, baños de dimensiones generosas y terminaciones importadas. Esta percepción, aunque comprensible desde la óptica del marketing premium, distorsiona la realidad de la necesidad habitacional, al sugerir que la adaptabilidad arquitectónica es un privilegio reservado para quienes poseen un patrimonio considerable.

Esta desconexión deja fuera a la mayoría de los hogares dominicanos, particularmente a las familias que adquieren su vivienda mediante financiamiento a largo plazo y con márgenes económicos ajustados. Para estas unidades familiares, la capacidad de que su hogar sea funcional durante décadas, sin la necesidad de costosas remodelaciones estructurales ante la vejez o la discapacidad, es una necesidad básica y no un extra de lujo. La falta de oferta asequible en este ámbito obliga a miles de familias a enfrentar el envejecimiento en espacios no diseñados para ello, limitando su autonomía y calidad de vida.

El impacto de esta brecha es profundo y estructural. Al no existir un estándar de diseño universal accesible en el rango de precios medio, el mercado perpetúa una exclusión silenciosa que afecta la movilidad social y la salud pública. Las familias de clase media, que constituyen el núcleo de la economía local, se ven forzadas a elegir entre un hogar estéticamente atractivo pero funcionalmente rígido, o un espacio adaptable pero económicamente inalcanzable. Esta disyuntiva revela una falla sistémica en la planificación urbana y en la regulación de la construcción, donde la inclusión se trata como un valor agregado de lujo en lugar de un derecho fundamental del hábitat.