El sistema de justicia en República Dominicana enfrenta una crisis de legitimidad evidenciada por la disparidad entre el trato dispensado a los delincuentes comunes y los grandes corruptos. Mientras la Policía Nacional ha registrado más de 250 muertes en lo que va del año, atribuidas a intercambios de disparos o a la nueva categoría de «intervención policial», el Ministerio Público ha optado por la vía de la negociación con figuras de alto perfil que se apropiaron de miles de millones de pesos del erario público. Esta dicotomía plantea interrogantes sobre los criterios éticos y legales que guían la acción del Estado frente a la delincuencia y la corrupción.

La reciente actuación policial contra los hermanos Mendoza, quienes fueron abatidos mientras dormían sin que se haya documentado un enfrentamiento armado previo, ilustra la opacidad de estas intervenciones. La ausencia de órdenes de allanamiento o la presencia de un fiscal en el momento de los hechos ha generado críticas sobre la legalidad de estas operaciones. En contraste, casos como los de las operaciones Pulpo, Medusa, Coral y Calamar muestran una tendencia consistente: la devolución parcial de los fondos sustraídos permite a los acusados convertirse en testigos protegidos y obtener acuerdos que mitigan significativamente sus penas.

La balanza de la impunidad

Los montos involucrados en estas negociaciones son astronómicos. En el caso Pulpo, Maxi Montilla devolvió RD$3,000 millones; en Calamar, donde se estima un perjuicio al Estado de RD$41,000 millones, figuras como Fernando Cristótole devolvieron RD$1,000 millones y Mimilo Jiménez Collie RD$715 millones. Estas cifras, que en su conjunto representan una fracción del daño causado, sugieren que la justicia se está administrando más como una liquidación de inventario que como un mecanismo de reparación integral. La comparación entre la vida de un delincuente común abatido en una operación policial y la libertad condicional de un corrupto millonario que devuelve una parte de su botín evidencia una falla sistémica que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.

La reflexión sobre este fenómeno no busca justificar el delito, sino cuestionar la coherencia del discurso oficial. Si la justicia es cega, no debería tener dos tarifas: una de plomo para los de abajo y otra de papel para los de arriba. La sociedad dominicana merece un sistema donde la proporcionalidad de la pena esté ligada a la magnitud del daño causado, independientemente del estatus social o económico del acusado, garantizando así una verdadera igualdad ante la ley.