El Poder Ejecutivo dominicano ha formalizado la regulación de la gestión tecnológica estatal mediante la promulgación del Decreto 714-26. Esta norma, conocida como el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado, busca erradicar la fragmentación en las compras públicas de tecnología, asegurando que cada contratación responda a criterios de eficiencia, seguridad y sostenibilidad.

La medida se enmarca en la agenda de modernización de la administración pública y establece que las inversiones digitales no pueden realizarse de forma aislada. Al exigir interoperabilidad y alineación con las políticas nacionales, el gobierno busca optimizar el gasto público y evitar la duplicidad de sistemas, garantizando así una infraestructura digital robusta y coordinada para el servicio ciudadano.