La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana respaldó ayer públicamente el cierre de la fábrica de cartón Cartesa, de capital chino, en San Antonio de Guerra, al difundir el pronunciamiento del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. La misión diplomática reprodujo en su cuenta oficial de X el mensaje del funcionario, quien elogió a las autoridades dominicanas por tomar medidas decisivas contra operaciones ilegales y subrayó la necesidad de garantizar una competencia económica justa. Este respaldo introduce una dimensión diplomática directa en las actuaciones del Estado dominicano contra establecimientos vinculados a empresarios chinos.

Segura cuestionó específicamente las operaciones industriales sin permisos, el almacenamiento ilegal de combustible y la contratación irregular de trabajadores extranjeros. Durante la intervención, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) ocupó un tanque de 5,000 litros y retuvo 1,000 galones de gasoil, valorados en 2.25 millones de pesos, mientras Migración detuvo a varios trabajadores extranjeros en situación irregular. La empresa carecía de certificado de uso de suelo y autorizaciones comerciales, hallazgos que forman parte de una ofensiva más amplia que en octubre inspeccionó 101 tiendas chinas en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís e Higüey, resultando en la paralización de 24 establecimientos.

Reacción diplomática y disputa por la soberanía

La respuesta de la Embajada de China en República Dominicana no se hizo esperar. La misión diplomática acusó a Estados Unidos de intentar sembrar discordia y estigmatizar a la comunidad empresarial china, argumentando que la mayoría de sus empresas opera legalmente y contribuye al desarrollo económico del país. Beijing rechazó que un caso particular se utilice para desacreditar a todos los inversionistas chinos y sostuvo que República Dominicana es un Estado soberano, por lo que la aplicación de sus leyes es un asunto interno que no admite injerencias externas.

Este intercambio diplomático pone en evidencia la tensión subyacente en las relaciones comerciales entre las tres partes. Los empresarios dominicanos han expresado preocupación por las ventajas competitivas que obtienen los establecimientos extranjeros al incumplir disposiciones legales que representan costos obligatorios para las empresas formales. El caso de la fábrica de cartón trasciende las infracciones particulares para plantear interrogantes sobre la eficacia de la supervisión estatal y la obligación del Gobierno dominicano de garantizar que todas las inversiones, independientemente de su procedencia, cumplan las mismas leyes y compitan en igualdad de condiciones, bajo el principio de que una verdadera alianza económica requiere transparencia y respeto al Estado de derecho.