Siete abogados solicitaron formalmente al procurador general titular de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, que inicie una investigación sobre la actuación de los fiscales que tramitaron órdenes de arresto contra personas que fallecieron en operativos de la Policía Nacional. La petición, fechada el 11 de noviembre y firmada por juristas como Carlos Balcácer y Cándido Simón Polanco, busca establecer quiénes solicitaron dichas órdenes, a qué agentes fueron entregadas y cómo se documentaron las circunstancias de los fallecimientos, superando el enfoque tradicional que centra la responsabilidad exclusivamente en los oficiales que dispararon.

Los denunciantes argumentan que una orden judicial autoriza la detención para el debido proceso, no la muerte, y exigen que se verifique si los fiscales supervisaron la ejecución de las diligencias, estuvieron presentes en los escenarios de los hechos y gestionaron adecuadamente las pruebas, como autopsias y peritajes balísticos. La solicitud incluye la identificación de los responsables de Asuntos Internos y la revisión de la vigencia de las órdenes al momento de los operativos, cuestionando además el uso de la expresión policial ‘clave 29’, a la que atribuyen un significado relacionado con la eliminación de objetivos.

Esta acción legal se suma a la querella presentada en octubre contra el director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y otros agentes, tras la cual los abogados afirman no haber recibido respuestas a sus requerimientos previos. El grupo incluye en su denuncia una relación de 47 muertes ocurridas entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de 2026, periodo que coincide con las primeras semanas de la gestión de Rodríguez García, y advierte que acudirá ante un juez si la nueva petición no es tramitada.

La controversia se enmarca en un contexto de creciente tensión institucional, donde al menos 116 personas han fallecido en hechos reportados como intercambios de disparos desde septiembre, mientras dos iniciativas legislativas para interrogar a las autoridades policiales y de Interior no llegaron a conocerse en el Congreso. Los juristas invocan el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ministerio Público para exigir que Sepúlveda utilice sus facultades de supervisión para determinar si existió negligencia manifiesta o omisión en las investigaciones fiscales, buscando así una rendición de cuentas que abarque tanto la conducta policial como el control institucional ejercido por el Ministerio Público.