El 29 de octubre del año 2000, durante la administración de Hipólito Mejía, el Estado dominicano implementó un cambio de horario con el objetivo declarado de alinear la dinámica nacional con estándares internacionales de modernización. La medida, impulsada por el Gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), pretendía optimizar la gestión del tiempo y la productividad, replicando modelos adoptados por otras naciones. Sin embargo, la ejecución de la política pública estuvo marcada por un error de procedimiento fundamental que desvirtuó su propósito original y generó una confusión generalizada en la población.

El fallo administrativo no fue menor: en lugar de realizar la transición gradual o la comunicación precisa requerida, el cambio se aplicó de manera abrupta y desordenada, alterando por completo el “día a día” de los ciudadanos. Este incidente dejó una huella en la memoria colectiva como un ejemplo de cómo una decisión técnica, mal gestionada, puede impactar directamente la vida cotidiana y la confianza en las instituciones. A dos décadas de distancia, el episodio sigue siendo recordado no por sus beneficios, sino por el descontrol operativo que provocó en un país que buscaba proyectar una imagen de eficiencia y orden.