El diputado Elías Wessin Chávez ha depositado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone modificar sustancialmente el marco legal del matrimonio y el divorcio en República Dominicana. La iniciativa establece que las parejas que deseen disolver su vínculo conyugal deberán completar un mínimo de 10 sesiones de terapia a través de los nuevos Módulos de Orientación Familiar, bajo la supervisión de profesionales que podrán ampliar la cantidad de encuentros según la complejidad del caso. Estos encuentros se centrarían en la comunicación, el manejo de conflictos y la regulación emocional, con la certificación de asistencia como requisito indispensable para que los tribunales admitan la demanda de divorcio.

Además de las medidas preventivas ante la ruptura, el texto legislativo introduce la obligatoriedad de cursar un programa prematrimonial gratuito de al menos 20 horas para quienes deseen contraer matrimonio por lo civil. El currículo propuesto abarca desde la inteligencia emocional y la salud mental hasta la gestión financiera del hogar y la planificación familiar, buscando preparar a las parejas para las responsabilidades legales y sociales del matrimonio. La certificación de este curso se convertiría en un documento obligatorio para la celebración de la ceremonia civil, integrando así una dimensión educativa y preventiva en el inicio de la vida conyugal.

El legislador justifica la propuesta argumentando la necesidad de fortalecer la estructura familiar y reducir las tasas de divorcio, las cuales, según sus datos, superan el 40% en ciertos períodos. Wessin Chávez señala que la disolución matrimonial es una de las principales causas de depresión en la infancia y la segunda causa de quiebra económica familiar, tras las enfermedades fatales. El proyecto cita estadísticas que vinculan a los hogares disfuncionales con altos índices de problemas de conducta en adolescentes, incluyendo el ingreso en centros de reclusión o hospitales psiquiátricos, así como el abandono del hogar.

La iniciativa, que se encuentra en estudio en la comisión de Familia desde el 11 de noviembre, ha generado debates sobre la efectividad de la intervención estatal en la esfera privada y la claridad de sus mecanismos de aplicación. Aunque el texto permite que la terapia sea solicitada por uno o ambos cónyuges, no detalla las consecuencias legales o procedimentales si una de las partes se niega a participar en los procesos de orientación, un vacío que podría complicar la ejecución de la norma si llega a aprobarse.