El Ministerio de Trabajo ha intensificado la redacción del protocolo de actuación necesario para aplicar el decreto 502-26, una normativa diseñada para impedir la entrada de mercancías vinculadas al trabajo forzoso en cualquier eslabón de la cadena de suministro. Eddy Olivares, titular de la cartera laboral, confirmó el avance de estas gestiones, destacando que el proceso se lleva a cabo con cautela institucional, aunque su implementación es crítica para la estabilidad comercial del país.

Esta iniciativa responde directamente a las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos, que elevó los impuestos a las importaciones dominicanas al 12.5% al argumentar la ausencia de mecanismos efectivos para vetar productos de origen forzado. La entrada en vigor de este protocolo no solo busca alinear la legislación local con los estándares internacionales de derechos humanos, sino también proteger el tejido productivo nacional frente a sanciones económicas que podrían afectar significativamente la competitividad de las exportaciones dominicanas en el mercado norteamericano.

La aplicación efectiva de estas medidas requerirá una coordinación estrecha entre los organismos de control aduanero y las autoridades laborales, estableciendo filtros rigurosos que garanticen la trazabilidad de los insumos. El éxito de esta estrategia determinará si la República Dominicana podrá revertir los aranceles vigentes y consolidar su posición como un aliado comercial confiable en la región caribeña.