El experimento de El Salvador para posicionarse como la primera nación del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal ha sufrido un revés definitivo. Lo que en 2021 se presentó como una revolución financiera impulsada por el presidente Nayib Bukele, hoy enfrenta su desmantelamiento progresivo, marcado por la falta de adopción real por parte de la población y las restricciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La presión ejercida por el organismo multilateral, condicionada a la continuidad de los préstamos de emergencia, obligó al gobierno a recortar drásticamente los incentivos fiscales y las compras estatales de la criptomoneda. Este giro evidencia la inviabilidad práctica del modelo ante la resistencia de los comerciantes y la preferencia de los salvadoreños por el dólar estadounidense, consolidando el fracaso de la estrategia que buscaba transformar la economía del país centroamericano.