En el sector eléctrico dominicano, la gestión del alumbrado público revela una brecha operativa profunda entre el modelo estatal y los esquemas de concesión privada. En las empresas distribuidoras de electricidad estatales (EDE), el 3% del recaudo destinado por ley a este servicio se caracteriza por ser una pérdida sin medición, operando bajo una estimación a ciegas que impide la trazabilidad de los recursos y la eficiencia técnica.

Por el contrario, el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) y la compañía Eléctrica de Bayahíbe (CEB) han reconfigurado esta obligación legal en un modelo de negocio rentable. A diferencia de la opacidad estatal, estas entidades gestionan el alumbrado público con criterios de eficiencia empresarial, convirtiendo una partida presupuestaria tradicionalmente deficitaria en un servicio optimizado que genera valor económico y mejora la infraestructura urbana de sus zonas de cobertura.

Esta divergencia operativa no solo refleja diferencias administrativas, sino un cambio de paradigma en la gestión de servicios públicos. La capacidad del CEPM y la CEB para monetizar y optimizar el alumbrado público demuestra que, bajo esquemas de gestión privada o mixta con metas claras, es posible erradicar la ineficiencia histórica que ha caracterizado a las EDE, ofreciendo un contraste tangible sobre el impacto de la gestión corporativa frente a la burocracia estatal en la República Dominicana.