La intervención de Ueno Bank en Paraguay en 2026, que ha derivado en la detención del presidente Santiago Peña, confirma que el colapso financiero regional obedece a un patrón estructural más que a anomalías puntuales. La entidad, tras una expansión digital vertiginosa y la captación masiva de fondos del Instituto de Previsión Social, sucumbió ante la insolvencia patrimonial generada por créditos irregulares a empresas vinculadas a sus directivos. Este desenlace repite la secuencia clásica de las crisis bancarias latinoamericanas: crecimiento desmedido, complacencia de los supervisores y una factura final asumida por el Estado.

Una historia de repetición: de Venezuela a Brasil

El caso paraguayo se alinea con precedentes que han marcado la estabilidad financiera del continente. En 1994, el Banco Latino en Venezuela y el Banco Anglo Costarricense en Costa Rica colapsaron debido a la concentración crediticia y pérdidas que impactaron directamente el PIB nacional. Años después, Filanbanco en Ecuador (1998) y Baninter en República Dominicana (2003) evidenciaron cómo la concesión de préstamos a empresas de los propios accionistas y la contabilidad irregular pueden llevar a una entidad al borde del abismo, requiriendo rescates públicos que en el caso dominicano llegaron al 15 % del PIB.

La dinámica no ha cambiado en la última década. El Banco Fassil en Bolivia (2023) fue intervenido por desvíos masivos de fondos y créditos sin garantías a accionistas, afectando a 1.3 millones de ahorradores. Recientemente, el Banco Master en Brasil (2025) fue liquidado por fraude financiero a gran escala, donde el crecimiento se sustentó en promesas de alta rentabilidad y conexiones con el entorno institucional y judicial. Estos casos demuestran que la vulnerabilidad del sistema financiero regional persiste cuando la supervisión se subordina a intereses políticos y empresariales.

La excepción notable fue el ‘corralito’ argentino (2001-2002), una restricción de movilidad de fondos ante una crisis sistémica y no ante la quiebra de una entidad específica por irregularidades. Sin embargo, la recurrencencia de casos como Ueno Bank sugiere que la región aún no ha erradicado las prácticas de captura regulatoria. La destitución y detención de Peña en Paraguay marca un punto de inflexión, pero también recuerda que la transparencia en la concesión de créditos y la independencia de los órganos de control son los únicos antídotos contra la repetición de estos colapsos financieros.