La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó este jueves un paquete de medidas económicas orientadas a la reactivación del aparato productivo y el ajuste de variables macroeconómicas. El eje central de la propuesta gubernamental consiste en la ejecución de cuatro incrementos salariales a lo largo del año 2027, una estrategia diseñada para intentar recuperar el poder adquisitivo de la población frente a la persistente volatilidad del mercado.

En paralelo a las medidas laborales, Rodríguez ordenó la auditoría y valoración de todos los activos no esenciales que se encuentran en manos del Estado. La directiva establece que estos bienes serán ofertados en el mercado o devueltos a sus antiguos propietarios, una maniobra que busca liberar capital para financiar el gasto público y reducir la carga operativa de las instituciones estatales.

Esta política de desinversión selectiva marca un giro en la gestión de los recursos públicos, priorizando la liquidez inmediata sobre la retención estatal de infraestructuras secundarias. La implementación de estas medidas dependerá de la capacidad del fisco para ejecutar las transacciones sin afectar la estabilidad social, un reto crítico en un contexto de transición económica.