El Gobierno dominicano ha canalizado RD$36,029 millones hacia el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) durante los primeros siete meses del año. Esta cifra representa una carga fiscal significativa que se asume con el objetivo explícito de mantener estables los precios de la energía para el sector residencial y comercial, evitando así aumentos adicionales en las tarifas.

El mecanismo del FETE opera como un amortiguador financiero que cubre la brecha entre el costo real de generación y distribución de la electricidad y el precio regulado que pagan los usuarios. Al absorber estas diferencias, el Estado previene que las variaciones en el precio de los combustibles o los costos de mantenimiento de la red se reflejen de inmediato en la factura del ciudadano, protegiendo el poder adquisitivo de la población.

La magnitud de este desembolso subraya la presión que ejerce el sector eléctrico sobre las finanzas públicas nacionales. Mantener la estabilidad tarifaria requiere una constante inyección de recursos que, en un contexto de ajuste fiscal, genera debates sobre la sostenibilidad del modelo y la necesidad de reformas estructurales en el sector energético para reducir la dependencia de estos subsidios a largo plazo.