El proyecto impulsado por el presidente Nayib Bukele para posicionar a El Salvador como la primera nación en aceptar el bitcoin como moneda de curso legal ha sufrido un retroceso significativo. Lo que en 2021 se presentó como una revolución financiera global, hoy enfrenta una realidad marcada por la baja utilización por parte de la población salvadoreña y las restricciones impuestas por organismos multilaterales.

La presión ejercida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición para la continuidad de los acuerdos de financiamiento ha acelerado el desmantelamiento de las políticas públicas vinculadas al criptoactivo. Este giro evidencia la tensión entre la ambición política de diferenciación tecnológica y las limitaciones estructurales de la economía local, consolidando un precedente de fracaso en la implementación masiva de activos digitales como moneda oficial.