Las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE) de capital estatal mantienen las tarifas por kilovatio-hora (kWh) más bajas del país, una política que, según documentos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Superintendencia de Electricidad (SIE), genera un déficit financiero crónico. Para el trimestre octubre-diciembre de 2026, la tarifa más alta para usuarios residenciales que consumen más de 701 kWh se sitúa entre los RD$13.09 y los RD$14.04, dependiendo de la región, cifras que se encuentran por debajo del costo de referencia técnico del servicio.

Esta brecha entre el precio cobrado y el costo real de la energía es cubierta por el Estado a través del Fondo para la Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE). Entre enero y julio de este año, la inyección de recursos públicos alcanzó los 589.7 millones de dólares, una cifra que evidencia la magnitud del subsidio implícito que sostiene el sistema eléctrico estatal frente a la inviabilidad financiera de las distribuidoras.

La disparidad frente al sector privado

La comparación con el sector privado resalta la distorsión del mercado. En la región este, empresas privadas como Cenetur cobran hasta RD$24.93 por kWh, mientras que otras como CTSPC y Costasur Dominicana oscilan entre RD$19.07 y RD$20.48. Incluso en el norte, donde las tarifas privadas son más cercanas a las estatales, Puerto Plata Electricidad y Luz y Fuerza de Las Terrenas aplican precios de RD$13.84 y RD$14.95 respectivamente, superiores a los máximos de las EDE.

Esta estructura tarifaria, congelada tras la suspensión de los aumentos graduales pactados en 2022 debido al rechazo social, ha convertido la tarifa eléctrica en una carga fiscal indirecta. Mientras las empresas privadas operan con tarifas que reflejan el costo real de generación y distribución, las estatales dependen de la transferencia continua de recursos fiscales para evitar la quiebra, un modelo que compromete la sostenibilidad macroeconómica del país y limita la inversión en infraestructura energética.