La huelga general de 24 horas iniciada este miércoles en España ha provocado un impacto inmediato en la infraestructura del país, marcada por el bloqueo de accesos a grandes ciudades y enfrentamientos directos entre fuerzas de seguridad y trabajadores. Según los sindicatos convocantes, CCOO y UGT, la protesta comenzó en la medianoche y ha afectado de manera desigual a los turnos nocturnos industriales, mientras que durante la jornada matutina se registraron cortes en autovías de entrada a Madrid y más de treinta carreteras en Cataluña, generando retenciones kilométricas en plena hora punta.

Los incidentes más graves se concentraron en el mercado mayorista de Mercamadrid, donde cerca de mil manifestantes fueron dispersados con gas pimienta, resultando 13 personas atendidas por servicios sanitarios y una detenida. En paralelo, una carga policial en instalaciones de la Empresa Municipal de Transportes dejó al menos ocho heridos, según denunció el Sindicato de Inquilinas, quien lidera la presión por el derecho a una vivienda digna y asequible ante la escalada de precios del alquiler.

Los datos oficiales de seguimiento revelan una alta adhesión en sectores estratégicos: el 90% de los empleados de puertos y la totalidad de las fábricas de ciertas marcas automotrices han dejado de operar, mientras que la industria cárnica alcanza un 85% de paro y el sector energético un 75%. En contraste, el ámbito sociosanitario mantiene un respaldo del 38%, garantizando los servicios mínimos esenciales para la población.

La movilización ha desatado una fuerte polarización política a menos de tres semanas de las elecciones generales. Mientras el Gobierno de coalición de izquierdas respalda la medida como una defensa legítima de los derechos laborales, la oposición conservadora y de extrema derecha, junto con los gremios empresariales, la califican de “política”, argumentando que su timing electoral busca influir en el resultado de los comicios más que resolver la crisis de costo de vida.