La Fiscalía española ha avalado la posibilidad de investigar al veterano cantante Julio Iglesias por presunta agresión sexual, tras determinar que España cuenta con jurisdicción para juzgar el caso. Esta decisión judicial, confirmada por fuentes del sistema legal el jueves, marca un punto de inflexión en un proceso que llevaba meses estancado en la fase de admisión de la denuncia.

El caso se centra en las acusaciones formuladas por dos exempleadas del artista, quienes alegan haber sufrido abusos de carácter sexual. La determinación fiscal no constituye una condena, sino que habilita el marco legal necesario para que la autoridad judicial pueda iniciar las diligencias correspondientes y recabar pruebas.

La apertura de una investigación formal podría tener repercusiones significativas tanto en el ámbito legal español como en la imagen pública del músico, quien ha mantenido un perfil bajo respecto a estas acusaciones. El siguiente paso dependerá de la actuación del juzgado competente, que deberá evaluar la solidez de las pruebas presentadas en la denuncia para decidir si se citan a los implicados a declarar.

Este movimiento judicial subraya la disposición de las instituciones españolas para abordar casos de alta sensibilidad mediática bajo estrictos protocolos de legalidad, independientemente de la fama del acusado. La atención del público y de los medios se centrará ahora en los plazos procesales y en las posibles medidas cautelares que pudieran adoptarse en las próximas semanas.