El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, propuso la creación de un pacto interinstitucional destinado a prevenir la corrupción y blindar la integridad del sistema de administración de justicia. Esta iniciativa busca articular una campaña integral de prevención que involucre a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Interior y Policía, la Oficina Nacional de la Defensa Pública y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), reconociendo que las malas prácticas extrajudiciales erosionan la credibilidad institucional aunque el Poder Judicial concentre la capacidad decisoria.

Montero advirtió que se endurecerá el control disciplinario sobre abogados y notarios, lanzando un proyecto de fortalecimiento para agilizar la jurisdicción disciplinaria que por ley le compete a la SCJ. El objetivo central es erradicar el rezago histórico y rescatar esta jurisdicción del ostracismo, garantizando procesos en un tiempo razonable y estableciendo un sistema de consecuencias real frente a las estafas y falsas promesas que afectan a la ciudadanía.

El magistrado enfatizó que, aunque el impacto de los actos ilícitos recae principalmente sobre el Poder Judicial, es necesario incidir en los demás actores del sistema para concientizarlos sobre el daño que causan estas “malas hazañas”. Señaló que no basta con blindar a los jueces, sino que se debe actuar sobre toda la cadena de la justicia para proteger el Estado de derecho.

En su intervención, Montero cerró con un llamado directo a los profesionales del derecho y la notaría a actuar con estricto apego a la ética, respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. Exigió el fin del desorden en los procesos disciplinarios y les instó a que “simple y llanamente trillen e hilen bien sus actos”, dejando claro que la jurisdicción disciplinaria asumirá su rol para determinar la inocencia o culpabilidad de los implicados.