Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) en República Dominicana operan con una discrepancia crítica entre las pérdidas técnicas y no técnicas que reportan a las autoridades y las que se materializan en su operación real. Según un análisis reciente, estas pérdidas son un 44% más altas de lo que se publica oficialmente, una cifra que no solo refleja ineficiencias operativas, sino también un posible subregistro sistemático del consumo no facturado.

Esta brecha tiene implicaciones directas para la sostenibilidad financiera del sector y para la calidad del servicio que reciben los usuarios en Santiago de los Caballeros y el resto del país. Al subestimar las pérdidas, las EDE pueden estar distorsionando los datos que sirven de base para las tarifas y las inversiones en infraestructura, perpetuando un ciclo de ineficiencia que afecta tanto a la economía nacional como a la estabilidad eléctrica de los hogares y las empresas.

La magnitud de esta diferencia obliga a cuestionar los mecanismos de auditoría y transparencia aplicados al sector eléctrico. Si las cifras oficiales no reflejan la realidad operativa, las políticas públicas diseñadas para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia podrían estar basadas en premisas erróneas, lo que retrasa la solución a uno de los problemas estructurales más urgentes de la matriz energética dominicana.