Minerva Claudel Frías Ogando, quien hasta hace poco ejercía como analista de compras en la Dirección General de Aduanas, asumió recientemente su curul en la Cámara de Diputados. Su llegada al Congreso no respondió a una elección directa, sino a la vacante dejada por su padre, el fallecido diputado Jorge Frías, un mecanismo que ha normalizado la transmisión de cargos públicos dentro de dinastías políticas dominicanas.

La justificación oficial para esta sucesión se envuelve en el afecto y la amistad, como lo evidenciaron las declaraciones del presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, y del vocero oficialista Amado Díaz, quien admitió que la terna de candidatos fue estructurada para garantizar la elección de Frías. Esta práctica no es aislada; precedentes recientes incluyen las sustituciones de Juan Roberto Rodríguez por su hijo, Inés Bryan Casey por su esposo, y casos donde legisladores cedieron sus escaños a familiares tras ser designados embajadores o directivos de alto nivel.

El fenómeno revela una concepción patrimonial de la representación popular, donde la voluntad del electorado queda subordinada a los intereses familiares y partidarios. Al tratar las curules como bienes transferibles, los partidos políticos ignoran el mandato democrático original, consolidando un sistema en el que la legitimidad del legislador descansa más en su linaje político que en su programa o competencia técnica.

Esta tendencia erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, sugiriendo que el Congreso opera como una entidad cerrada donde la renovación se limita a cambios de apellido dentro de las mismas familias. La ausencia de mecanismos que impidan o regulen estrictamente estas sucesiones familiares deja al electorado sin herramientas para cuestionar la procedencia de sus representantes, perpetuando una estructura de poder que prioriza la lealtad interna sobre la rendición de cuentas pública.