El debate sobre la sostenibilidad financiera del transporte público dominicano ha cobrado una nueva dimensión con la propuesta formulada por Mario Díaz, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos. El dirigente gremial solicitó formalmente al Gobierno central la inclusión de las motocicletas en el régimen de cobro del marbete de circulación vehicular, argumentando que la equidad fiscal debe extenderse a todos los usuarios de la vía pública, independientemente del tipo de motor que utilicen.

La iniciativa se sustenta en la magnitud del parque automotor no motorizado por cuatro ruedas, que supera los cuatro millones de unidades en el territorio nacional. Para Díaz, la exención actual de las motocicletas genera una asimetría contributiva que recae desproporcionadamente sobre los propietarios de automóviles y los transportistas formales, quienes ya soportan la carga impositiva completa. La propuesta busca cerrar esta brecha para garantizar que la infraestructura vial y los servicios asociados sean financiados de manera proporcional por todos los actores del sector.

La repercusión de esta medida trasciende el mero ajuste contable, tocando fibras sensibles en una sociedad donde la motocicleta es el principal medio de transporte para millones de dominicanos, especialmente en zonas urbanas densas como Santiago de los Caballeros y Santo Domingo. La implementación de este cobro podría generar una resistencia significativa entre los conductores de dos ruedas, quienes argumentan que sus ingresos son más limitados y que el vehículo es una herramienta de subsistencia básica, no de lujo. El Gobierno deberá sopesar la necesidad de ampliar la base recaudatoria contra el impacto social que tendría un nuevo impuesto directo sobre el transporte de bajo costo.

En un contexto de presiones fiscales constantes y demandas por mejoras en la infraestructura vial, la propuesta de Díaz añade un capítulo más a la tensión entre los gremios del transporte y las autoridades. Si se aprueba, la reforma requeriría un mecanismo de fiscalización robusto para evitar evasiones y garantizar que los recursos recaudados se reinviertan efectivamente en la seguridad y mantenimiento de las rutas, un reto administrativo que ha sido históricamente complejo de gestionar en el país.