El Ministerio Público ejecutó este martes un operativo en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, que resultó en la detención de Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, investigado por su presunta participación en la planificación de un atentado contra el presidente Luis Abinader. La captura se produjo mediante un allanamiento en el apartamento del sospechoso, ubicado en el sector Vista del Valle, y en la Ferretería Molina, establecimiento donde labora, donde las autoridades ocuparon equipos electrónicos y sustancias químicas que serán periciados como posibles evidencias del delito.

Investigación sobre amenaza inminente

Según el documento judicial que autorizó las diligencias, la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, avaló la búsqueda de armas, pertrechos militares y artefactos explosivos vinculados a una supuesta acción terrorista prevista para el 6 de noviembre de 2026. La fecha coincide con la conmemoración del Día de la Constitución y la sesión solemne del Congreso Nacional, escenario que, según la investigación, sería el objetivo de la agresión planificada.

Los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar lideran la investigación, que cuenta con el respaldo técnico de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El foco de las autoridades se centra en determinar la red de contactos y la logística utilizada por el detenido para materializar las amenazas, mientras se analiza el contenido de los dispositivos electrónicos incautados para establecer la magnitud y el alcance real de la conspiración.

Esta detención marca un punto de inflexión en las medidas de seguridad de Estado, elevando la alerta ante la posibilidad de ataques coordinados contra figuras de alto rango durante eventos de relevancia institucional. La rapidez en la ejecución del allanamiento y la especificidad de los elementos buscados sugieren que las inteligencia dominicanas contaban con información concreta sobre la intención delictiva, buscando desarticular la amenaza antes de su ejecución en el recinto legislativo.