La administración de Panamá ha confirmado la reanudación del traslado de reclusos hacia Isla Coiba, una decisión que ha generado controversia al evocar el oscuro pasado de la península como centro de trabajos forzados y abusos sistemáticos.

Esta medida revierte políticas previas de desmilitarización y despenalización de la isla, un área protegida de gran valor ecológico, y plantea interrogantes sobre las garantías de seguridad y dignidad de los internos en un entorno que históricamente ha sido símbolo de opresión.