La matriz energética dominicana enfrenta una contradicción estructural crítica: mientras el país cuenta con 2,000 megavatios de capacidad instalada en energía renovable, el sistema eléctrico aplica un recorte que supera el 25% de la generación disponible. Esta ineficiencia operativa impide que la oferta local cubra la demanda, forzando a la industria a recurrir a fuentes alternativas más costosas y contaminantes.

La situación se agrava por el contexto macroeconómico global, donde el precio del petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares por barril. En medio de esta coyuntura, República Dominicana continúa importando combustibles fósiles para suplir el déficit de generación, una dinámica que erosiona la balanza comercial y aumenta la vulnerabilidad de la economía frente a las fluctuaciones del mercado internacional.

Expertos en el sector señalan que este fenómeno no responde únicamente a limitaciones técnicas, sino a fallas en la gestión de la red y en la política de despacho de energía. El desperdicio de recursos renovables locales representa una pérdida de eficiencia que impacta directamente en la tarifa eléctrica y en la sostenibilidad ambiental del país.

La persistencia de este modelo genera una dependencia externa que contradice los objetivos de soberanía energética y transición climática. Resolver esta paradoja requiere una intervención inmediata en la infraestructura de transmisión y en los mecanismos de compra de energía, para que la capacidad instalada se traduzca en realidad operativa y no en un activo ocioso que encarece la factura energética nacional.