El plazo para que las micro y pequeñas empresas, así como los contribuyentes no clasificados, se acojen a la facturación electrónica vence el próximo 15 de noviembre. Ante la inminencia de esta fecha, representantes del sector empresarial han elevado una solicitud formal a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para que la implementación de la norma considere las condiciones reales de los negocios más pequeños del país.

Los gremios empresariales argumentan que la exigencia actual no toma en cuenta las limitaciones operativas, tecnológicas y financieras que enfrentan estas unidades productivas. Para muchos dueños de microempresas, la transición hacia el sistema digital representa una barrera de entrada prohibitiva debido al costo de los equipos, la conectividad y la capacitación necesaria, lo que pone en riesgo su continuidad operativa si no se otorga un margen de adaptación.

La presión del sector privado busca evitar sanciones masivas que podrían afectar la formalización de la economía local. La DGII, por su parte, mantiene la firmeza en la aplicación de la ley fiscal, aunque ha sido presionada a revisar los mecanismos de acompañamiento técnico y las excepciones temporales para asegurar que la digitalización no se convierta en un obstáculo para la pequeña empresa dominicana.