El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves 5 de noviembre su renuncia al cargo, decidido por la necesidad de preservar la estabilidad institucional frente a una crisis política y financiera sin precedentes. La dimisión se produce en un contexto de máxima tensión, tras la intervención del Banco Central de Paraguay (BCP) sobre Ueno Bank y la formalización de una acusación de juicio político por parte de 35 diputados, quienes le imputan presuntos conflictos de intereses y negligencia en la supervisión del sistema bancario.

La crisis estalló el martes 3 de noviembre cuando el BCP intervino Ueno Bank al detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal. La medida suspendió las operaciones de la entidad, dejando a millones de clientes sin acceso a sus fondos y generando protestas masivas en Asunción. El impacto fue agravado por la revelación de que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantenía en dicha entidad inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares, equivalentes al 9 % de su cartera total, además de gestionar el pago de pensiones a 32,000 jubilados.

Vínculos empresariales y presión política

La controversia gira en torno a los vínculos de Peña con el grupo propietario del banco; el mandatario fue accionista de Ueno Holding hasta 2025, desprendiéndose de sus participaciones bajo cuestionamientos sobre posibles irregularidades. La presión política se intensificó cuando el presidente del Congreso, Basilio Núñez, y el expresidente Horacio Cartes retiraron su respaldo al jefe de Estado, dejando a Peña sin el apoyo suficiente dentro de su propio Partido Colorado para resistir la votación parlamentaria. Los legisladores también cuestionaron el nombramiento de Carlos Carvallo como presidente del BCP, quien previamente había dirigido Financiera Ueno, antecesora de la entidad intervenida.

La intervención bancaria ha activado el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubrirá hasta 75 salarios mínimos por depositante, aunque las autoridades insisten en que la crisis es específica de Ueno Bank y no representa un colapso del sistema financiero nacional. La Fiscalía ha ordenado la detención de ocho altos directivos de la entidad, incluyendo a Miguel Vázquez, uno de sus fundadores, mientras se inmovilizan activos para garantizar la recuperación de los fondos. La sucesión presidencial recae constitucionalmente en el vicepresidente Pedro Alliana, quien también fue incluido en la solicitud de juicio político, planteando interrogantes sobre la continuidad del gobierno y las responsabilidades finales que determinen las investigaciones judiciales y financieras.