El sector arrocero de República Dominicana expresó su respaldo unánime al Gobierno tras la derogación del Decreto 693-24, una norma que regulaba el tratamiento arancelario del arroz en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta). Esta decisión ejecutiva marca un punto de inflexión en la política comercial del país, alineando la postura estatal con las demandas históricas de los productores nacionales para salvaguardar su mercado interno.

Los representantes de la industria manifestaron su confianza en que la renegociación planteada por el presidente Luis Abinader permitirá alcanzar condiciones más favorables para la protección de la producción nacional. Al eliminar las barreras regulatorias previas, el sector busca fortalecer su competitividad y asegurar que las futuras negociaciones comerciales reflejen la realidad productiva local, evitando la dependencia excesiva de importaciones que han presionado los precios y la rentabilidad de los agricultores dominicanos.

Esta alianza estratégica entre el poder ejecutivo y el sector productivo busca sentar las bases para una nueva etapa en la política agroindustrial, donde la estabilidad normativa sea clave para atraer inversiones y mejorar la eficiencia logística. La derogación del decreto no solo responde a una exigencia gremial, sino que posiciona a República Dominicana para defender con mayor firmeza sus intereses agrícolas en las mesas de negociación internacional.

La repercusión de esta medida trasciende lo meramente administrativo, impactando directamente en la seguridad alimentaria y el empleo rural. Al confiar en la vía diplomática y la renegociación, el sector arrocero apuesta por un modelo de desarrollo que equilibre las obligaciones de libre comercio con la necesidad de proteger a los productores nacionales, consolidando al arroz como un pilar estratégico de la economía dominicana.