El Senado de Paraguay, bajo control del oficialismo, votó este viernes por 39 votos a favor y 3 en contra para denegar la prórroga de 72 horas solicitada por el presidente Santiago Peña. La decisión obliga al mandatario a comparecer de inmediato ante el pleno legislativo para enfrentar el inicio formal de su juicio político, tras un receso de la sesión mientras se espera su llegada. La negativa a extender el plazo de defensa, que Peña argumentó como una violación al debido proceso, marca un punto de inflexión en la crisis institucional que atraviesa el país.

La sombra de Ueno Bank y la defensa del debido proceso

La tensión política se intensifica sobre el fondo de la intervención de Ueno Bank, entidad vinculada a la gestión de Peña y cerrada por el Banco Central de Paraguay (BCP) al detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo exigido. El BCP atribuyó esta caída a ajustes financieros realizados durante el proceso de regularización, afectando a más de 2,9 millones de clientes. En respuesta, Peña había difundido una carta al presidente del Senado, Basilio Núñez, asegurando que expondría su versión de los hechos ante la ciudadanía, aunque resultara incómoda para actores políticos, y reiterando su compromiso con el pueblo en momentos difíciles.

La situación constitucional añade una capa de complejidad al proceso. Aunque Peña presentó su renuncia la víspera, el Congreso no la aceptó, manteniéndolo formalmente en el cargo. Según el artículo 189 de la Constitución paraguaya, los expresidentes electos democráticamente obtienen el rango de senadores vitalicios, con los consiguientes fueros que les impiden ser sometidos a procesos penales sin el aval del Senado, salvo que sean hallados culpables en un juicio político. Esta dinámica legal convierte la sesión de hoy en un escenario crítico que definirá no solo el futuro político de Peña, sino también la estabilidad institucional de la República del Paraguay.