El Senado de la República aprobó el proyecto de ley que amplía a 24 meses el plazo para la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, establecido en los artículos 8, 9, 10 y 11 del nuevo Código Penal. La decisión, tomada bajo el carácter de urgencia, implica que estas disposiciones normativas no comenzarán a regir hasta el 5 de noviembre de 2028, dos años después de la fecha original de implementación prevista para el 5 de noviembre de 2026.

Con esta aprobación, la pieza legislativa pasa ahora a la Cámara de Diputados para su consideración y posible sanción final. La prórroga otorga a las empresas y al sector corporativo un margen adicional de tiempo para adaptar sus estructuras de cumplimiento normativo y gobernanza corporativa a los nuevos estándares de responsabilidad penal, un tema que ha generado debate sobre la necesidad de preparar adecuadamente a las organizaciones dominicanas frente a este cambio regulatorio significativo.

La extensión del plazo busca mitigar los posibles impactos operativos y legales que la aplicación inmediata de estas normas podría tener en el tejido empresarial del país. Al posponer la vigencia efectiva hasta 2028, se intenta garantizar que las empresas cuenten con los mecanismos internos necesarios para prevenir delitos corporativos y responder ante la justicia, alineando la legislación local con las mejores prácticas internacionales en materia de compliance y responsabilidad jurídica de las entidades comerciales.