La implementación de infraestructura de generación renovable en República Dominicana opera bajo un estándar temporal que, en condiciones óptimas, permite la finalización del proceso administrativo en un lapso de 12 a 14 meses. Este cronograma presupone que el proyecto cumpla estrictamente con la normativa vigente y que no surjan impedimentos técnicos o legales adicionales durante la revisión por parte de las autoridades competentes.

No obstante, la realidad operativa del sector enfrenta presiones significativas debido a la limitación de capacidad en las redes de transmisión eléctrica. La acumulación de solicitudes para conectar nuevas plantas solares está generando cuellos de botella que prolongan la obtención de las autorizaciones finales, desviándose del tiempo estimado inicialmente y planteando desafíos logísticos para la expansión del mix energético nacional.