La Oficina Nacional de Estadística (ONE) ha puesto en evidencia una brecha socioeconómica persistente en República Dominicana, al confirmar que las mujeres residentes en áreas rurales enfrentan niveles de pobreza significativamente más altos que aquellas que habitan en centros urbanos. Esta realidad, documentada en los indicadores más recientes de 2025, subraya la vulnerabilidad específica del género femenino en las zonas periféricas del país, donde el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo sigue siendo limitado.

Además de la precariedad económica, la participación de estas mujeres en el mercado laboral es inferior a la de sus contrapartes urbanas, lo que restringe su capacidad de generación de ingresos y autonomía. Esta doble penalización, derivada de la condición de género y la ubicación geográfica, impide que una parte considerable de la población femenina rural acceda a condiciones de vida dignas y a la formalización de su actividad económica.

La persistencia de estas cifras plantea un desafío crítico para las políticas públicas de inclusión social, evidenciando que las estrategias actuales no están logrando cerrar la distancia entre el campo y la ciudad. Para revertir esta tendencia, se requiere una intervención estatal más focalizada que aborde no solo la asistencia social, sino la creación de infraestructura y oportunidades laborales reales en las zonas rurales.