La operación conjunta de la víspera, que involucró a la Policía Nacional de Haití (PNH), un grupo armado bajo control gubernamental y militares salvadoreños para retomar el estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe, pone en evidencia la extrema complejidad del conflicto en el país caribeño. Este episodio no es aislado, sino que revela la existencia de cinco fuerzas distintas que intentan contener a las bandas armadas, muchas de las cuales operan sin una coordinación efectiva entre sí, lo que complica la estabilización del orden público.

El frente criminal está dominado por coaliciones de gran envergadura. Viv Ansanm, liderada por Jimmy Chérizier, alias Barbecue, agrupa a antiguos rivales de las bandas G9 y G-Pep, estimándose que cuenta entre 12,000 y 20,000 miembros, de los cuales 3,000 están fuertemente armados. En el norte, la banda Gran Grif controla Artibonito y ha sido responsable del 80 % de las muertes de civiles en esa región desde 2022. Ambas organizaciones fueron designadas como terroristas por Estados Unidos en mayo de 2025, marcando un escalofrío en la respuesta internacional.

En el frente estatal, la capacidad de respuesta es mixta y en expansión. La PNH, que cuenta con 13,000 agentes y busca incorporar 4,000 más bajo el programa ‘P4.000’, ha realizado operaciones letales, como la muerte del jefe de la banda Boston en Cité Soleil mediante drones. El Ejército haitiano, actualmente con solo 1,400 efectivos, ejecuta operaciones de consolidación en la capital y Artibonito, mientras planea ampliar su fuerza a 15,000 miembros en tres años. La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por la ONU con 5,500 plazas, opera actualmente con 2,181 integrantes de Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, El Salvador y Bangladesh.

La intervención extranjera añade otra capa de tensión. El envío de más de 2,000 soldados por parte de El Salvador, inicialmente para buscar a cuatro militares desaparecidos, se ha convertido en una presencia operativa activa, incluyendo la destrucción de sedes de bandas y la participación en la recuperación de infraestructuras clave. Paralelamente, el uso de drones por parte de la empresa privada Vectus Global, contratada por el gobierno haitiano con licencia de EE. UU., ha resultado en al menos 1,243 muertes civiles y de combatientes en 141 operaciones, generando controversia sobre la proporcionalidad y el control de la fuerza letal en el país.