El acceso a la justicia en República Dominicana se ha convertido en una carga financiera significativa para los ciudadanos, según un estudio reciente que examina la eficiencia del sistema judicial. Los datos indican que la ineficiencia no solo se manifiesta en el tiempo, sino también en el bolsillo de los usuarios, quienes enfrentan barreras económicas sustanciales para resolver sus conflictos legales.

La lentitud procesal es uno de los principales factores que encarecen el litigio. El análisis muestra que el 57.94% de los asuntos analizados excedió los plazos legales establecidos, mientras que el 83.12% de los usuarios que asistieron a audiencias sufrió al menos una suspensión o reprogramación. Esta dilación temporal obliga a los demandantes a prolongar su participación en el proceso, incrementando los costos indirectos y el desgaste personal.

En términos monetarios directos, los gastos promedio por litigio alcanzan los RD$121,092. Esta cifra se desglosa en RD$64,888 en honorarios profesionales y RD$56,204 en gastos operativos, que incluyen transporte, copias, certificaciones, trámites notariales, tasas judiciales y alimentación durante las audiencias. Estos montos representan una barrera de entrada considerable para la mayoría de los dominicanos, limitando el ejercicio efectivo de sus derechos legales.

Además de los desembolsos directos, el costo de la justicia incluye el impacto en el capital de los involucrados. Muchos litigantes deben dejar de percibir ingresos mientras el caso se resuelve, y sus bienes o fondos pueden permanecer inmovilizados durante meses o incluso años. Esta combinación de gastos directos y pérdida de oportunidad económica refuerza la percepción de que el sistema judicial opera como un privilegio accesible solo para quienes pueden sostener financieramente la espera y los trámites.