El Congreso avanza en la reforma a la Ley núm. 47-20 de Alianzas Público-Privadas (APP), una iniciativa legislativa diseñada para resolver las principales ineficiencias que han ralentizado el desarrollo de infraestructura crítica en el país. El objetivo central es agilizar los procesos de licitación y ejecución de proyectos, reduciendo los tiempos de espera que han desanimado a potenciales socios privados en sectores estratégicos como transporte, energía y servicios públicos.

Más allá de la simplificación administrativa, la propuesta busca fortalecer la capacidad técnica del Estado para estructurar iniciativas sólidas. Al mejorar la calidad de los pliegos de condiciones y la preparación previa de los proyectos, el gobierno busca ofrecer garantías jurídicas y financieras más claras, lo cual es determinante para atraer capital privado que busque rentabilidad a largo plazo.

Esta reforma se inscribe en un contexto donde la necesidad de inversión en infraestructura supera la capacidad fiscal del Estado. Al destrabar las APP, se pretende no solo acelerar la entrega de obras, sino también generar un efecto multiplicador en la economía nacional, creando empleo y modernizando la matriz productiva dominicana mediante la colaboración público-privada.