El ministro de Hacienda, Magín Díaz, reconoció oficialmente que la política de subsidios implementada para contener los precios de los combustibles está generando una presión significativa sobre las finanzas públicas del Estado. Esta admisión llega en un contexto de volatilidad en los mercados internacionales de energía, donde los incrementos de precios han obligado al Gobierno a destinar recursos fiscales adicionales para evitar una escalada inmediata en los costos de la canasta básica y el transporte.

Díaz señaló que, pese al impacto negativo en el balance presupuestario, la administración actual está dispuesta a continuar asumiendo ese costo fiscal. La estrategia busca evitar que los aumentos internacionales sean transferidos en su totalidad a los consumidores dominicanos, priorizando la estabilidad social y el poder adquisitivo de la población sobre la contención inmediata del gasto público.

Esta postura refleja un dilema económico recurrente en la región: la necesidad de equilibrar la responsabilidad fiscal con la protección social ante shocks externos. Mientras el Estado absorbe parte de la carga, se intensifica el debate sobre la sostenibilidad de tales medidas a largo plazo y la búsqueda de mecanismos alternativos que permitan mitigar el impacto sin comprometer la salud de las cuentas nacionales.