El sector comercial dominicano ha elevado su voz en contra de las condiciones financieras actuales, solicitando formalmente al Gobierno la reducción de las tasas de interés de los préstamos y la regulación estricta de las comisiones cobradas por los procesadores de pagos con tarjetas de crédito y débito. Esta exigencia no es menor, ya que los establecimientos señalan que los elevados costos financieros están afectando directamente su rentabilidad y, en consecuencia, su capacidad para competir en un mercado cada vez más exigente.

La presión de los comerciantes se centra en la necesidad de que el Estado actúe como árbitro para equilibrar la balanza entre las entidades bancarias y los usuarios finales. Al advertir que la estructura de comisiones y los altos costos de capital están limitando su crecimiento, el gremio busca sentar las bases para una política económica que proteja la viabilidad de los negocios locales frente a la volatilidad del sistema financiero.

Esta demanda repercute directamente en la dinámica de consumo nacional, pues si los costos operativos de los comercios no se estabilizan, el impacto final podría trasladarse al precio de los bienes y servicios. La situación pone en el centro del debate la necesidad de una modernización regulatoria que no solo considere la rentabilidad bancaria, sino también la sostenibilidad de la cadena de suministro y el comercio minorista en la República Dominicana.